Los nuevos desaparecidos

[sebato]

Ya no alcanza con excluir. Gatillo fácil y desaparición
A Jonathan y Ezequiel, dos pibes de Lugano los venían siguiendo y amenazando. De un día para otro, los mataron en un supuesto enfrentamiento por intento de robo. Uno tiene un disparo en la nuca; el otro en el cuello. Ah, la víctima del robo era un policía...

FUENTE: NOS digital


PELIGRO, LLEGÓ LA POLICÍA
*Por Francisco Pandolfi
Una cadena de responsabilidades de distintas órbitas del Estado derivaron en la muerte de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco. El primero de ellos hace tiempo que era perseguido por la policía de la comisaría 52 de Villa Lugano. A ambos los terminó matando un oficial de civil, que declaró que le quisieron robar. Una manifiesta connivencia entre la policía y el poder judicial llevó a cerrar la causa, ahora reabierta en reclamo y búsqueda de justicia.

“Nos comunicamos para saber si necesita algo. Mire que estamos a su total disposición”. La voz se presentaba como representante del Juzgado Nacional de Menores número 5, secretaría 15. De este otro lado del teléfono hubo un silencio lleno de impotencia. El llamado podía haber salvado por lo menos una vida, si hubiera sido a tiempo, cuando se lo imploró. Y cuánto que se lo esperó, y cuánto que se lo necesitó. Un llamado que llegó diez meses después y que, por tardío, fue puñal.
El llamado sonó después del 14 de septiembre, día en que las familias se enteraron por casualidad de la noticia. Un llamado que se atendió, ya sin Jonathan, ya sin Ezequiel.

Angélica, mamá de Jonathan Lezcano, respondió ese día el teléfono con su hijo muerto desde hacía tres meses. En enero de este año se presentó en el citado juzgado para pedir ayuda en la internación de su hijo Jonathan por su adicción al paco. El desencadenante a solicitar apoyo fue la feroz golpiza que recibió por la policía de la comisaría 52, caracterizada por generar terror con la persecución de los más jóvenes “por estar sospechoso y resistirse a la autoridad”. La respuesta fue tajante: su hijo tiene obra social y esa entidad es la que tiene que hacerse cargo. Pero ObSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires, decidió no cubrir los gastos. La respuesta del juzgado también fue vergonzosa: tiene que cometer un delito para que podamos internarlo. Angélica, sin solución, se volvió a su casa de Villa Lugano con la indiferencia estatal sobre sus espaldas. No sería la única, sí la primera: allí empezó una cadena aún interminable de sucesos espantosos que atraviesan los asesinatos de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco.



La libretita de Jonathan
Cada entrevista en la búsqueda de un sitio para que internen a su hijo de 17 años, cada lugar consultado, cada revés recibido, fue escrito por Angélica en un cuaderno, en la “libretita de Jonathan”. En febrero, la Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente del ministerio de desarrollo social de la ciudad de Buenos Aires, eligió a Casa El Faro, sito en el barrio porteño de Pompeya, como el hogar terapéutico para que Kiki pudiese llevar a cabo su tratamiento. Este hogar no forma parte del gobierno porteño, sino que es uno de los tantos establecimientos regenteados por distintas oenegés encargadas de quitarles al Estado parte de la responsabilidad de velar por los derechos de los más jóvenes. Desde su llegada al poder, Mauricio Macri profundizó aún más la política privatizadora referida a la niñez y adolescencia.

Jonathan duró veinte minutos en su nuevo hogar. Le prohibieron ir a saludar a sus padres y gritó, y se enojó, porque le habían prometido que se iba a poder despedir. “Chicos con problemas acá no”, dijo la directora lavándose las manos y dejando a Jonathan una vez más sin una solución a su problema. Como el Estado le paga a cada oenegé por chico que atiende, los encargados de los hogares prefieren un chico dócil a uno que grite. Y así descartan chicos, sueños, futuros. Y así Jonathan está muerto.

En febrero la familia tuvo otra entrevista en la ONG Casa del Sur. Cuando ya estaba todo acordado y el hogar envió el presupuesto a ObSBA, éste fue devuelto con una negativa por la obra social, argumentando que sólo podía abonar 1100 de los 3000 pesos que costaba el tratamiento. El gremio, ante el reclamo, prefirió mirar para el lado que no alterara su caja. Y cuando decidió posar la vista en Jonathan, ya en mayo, hubo tanta distancia en esa mirada, tanta desidia para ponerse en el lugar del otro, que lo internaron en un neuropsiquiátrico, confundiendo consumo con locura. En San Gabriel lo medicaron sin razón y lo aislaron porque él era distinto, no tenía problemas psiquiátricos como toda la población restante. De todos modos lo medicaban y lo aislaban. Y cuando lo iba a ver su familia, todos los martes y jueves, a Jonathan se le caía la baba porque estaba empastillado sin sentido. Lo estaban drogando, justo a él, que quería escapar de la droga.

Un doctor de San Gabriel pidió que Jonathan sea retirado de ahí porque era contraproducente para su salud. Llegó un nuevo centro, Fundación El Candil, y una vieja respuesta. Otra vez ObSBA y la imposibilidad de costear la internación. En la desesperación por no recibir una mano, Jonathan estuvo unos días en un centro evangelista, en Morón, pero la falta de adaptación y la escasez de recursos del establecimiento derivó en la decisión de hacer el tratamiento ambulatorio y el regreso a su casa en la Villa 20 de Lugano.

“No pudo llegar a hacerlo, él ya estaba mucho mejor, había engordado y ya no robaba. No tuve ayuda de nadie del Estado, nunca. Al contrario: la obra social me lo metió en un neuropsiquiátrico después de pasar una semana en el hospital Argerich. No hay centros cerrados para chicos, no hay nada para ellos. ¿Cómo le iban a pedir a mi hijo voluntad, sino la tenía ni para jugar al fútbol?”, explica sin encontrar explicación Angélica. Y la pregunta le rebota una y otra vez. Se aprovechan las instituciones y dejan librado a la voluntad del otro para esquivar responsabilidades. Le exigen a un menor adicto a la pasta base voluntad y coherencia, dos cualidades escindidas de las instituciones modernas.

En el mes de marzo, el oficial de la Comisaría 52 Mario Ramón Chávez, apodado “Indio”, se acercó a la casa de la familia Lezcano-Urquiza y pidió hablar con la madre de Jonhy. Le recomendó que cuidara a su hijo, porque “sería una pena que le pasara algo grave”. Las amenazas se repetían una tras otra. La policía lo paraba, lo hostigaba, le decía “negrito villero de mierda”. El 7 de julio, mientras conversaba junto a su compañero del barrio Ezequiel Blanco y a su primo Sergio, en un pasillo de la calle Pola, se acercaron dos policías. Uno le dijo: “Kiki, una vez sí, dos no. Voy a ser tu sombra”. El otro, cuando Jonathan levantó la cabeza, le sacó una foto con su celular.
Un día después, Jonathan y Ezequiel se subieron a un remís que los dejó cerca del hospital Piñero y nunca más volvieron.

La familia de Jonathan radicó la denuncia en la comisaría 52, situada en Avenida Cruz y Cafayate, en Lugano. “Cuando le dije al comisario que a mi hijo le había pasado algo grave, porque no desaparecía nunca y siempre avisaba dónde estaba, me contestó que no estábamos en la década del ‘70 que desaparecían personas. Que me lo venga a decir ahora. Y me decía que mi hijo había matado a Ezequiel o Ezequiel a mi hijo y por eso se estaban escondiendo. O que ambos tendrían mucha plata y no tenían la intención de aparecer”, recuerda Angélica. El comisario tenía pleno conocimiento de sus erróneas hipótesis. Luego se registró la denuncia en el Consejo Nacional del Menor y la Familia. La libretita dejaba de llenarse con establecimientos de salud y se empezaban a consignar las visitas a los juzgados, comisarías, fiscalías. Su nombre ya estaba en el Registro Nacional de Niños y Adolescentes desaparecidos. Otra acusación se hizo en la fiscalía 44, donde la familia denunció el hostigamiento de la comisaría 52. Tras varios días de la desaparición de Jonathan y Ezequiel, su ausencia llegó a los medios de comunicación. Sus fotos ya estaban en los diarios. A Jonathan, por ser menor, lo buscaba Missing Children; Ezequiel, de 25 años, no entraba en ese rastreo.


Cadena de impunidades
Dos meses después, la familia de Jonathan consiguió un abogado. El primer día en que Juan Manuel Combi (ver nota “El defensor de pobres”) entró en funciones, Angélica se comunicó con la fiscalía 44 con la intención de ir a hablar personalmente: “Quizá le puedo ahorrar el viaje hasta acá. ¿No la llamaron del registro de Búsqueda de personas? Encontramos dos cuerpos, uno es Ezequiel el otro puede ser Jonathan”, le dijeron sin anestesia, sin tacto.

Era Jonathan. Era Ezequiel. En la fiscalía 44 los derivaron al Juzgado de Instrucción Nº 49, donde los mandaron con un papel verde insignificante lleno de números a la morgue judicial. “Éste, [en referencia a Jonathan] ya lo enterramos en Chacarita y éste [por Ezequiel] está en la furgoneta a punto de salir”, les comunicó un empleado.

A pesar de que las denuncias por las desapariciones estaban registradas en una comisaría, en una fiscalía, en varios organismos públicos y sus caras y nombres aparecían a menudo en los medios de comunicación, el juez Facundo Cubas, del juzgado 49, dio la orden de enterrarlos como NN. Sin embargo, en los registros de la fiscalía, de la morgue y del cementerio de Chacarita, figuran ambos con sus datos verídicos. Ambas familias se enteraron de las muertes el lunes 14 de septiembre, dos meses y seis días después de que un policía los asesinó presuntamente en defensa propia el mismo 8 de julio que los chicos se subieron a un remís y jamás regresaron.

El hecho fue caratulado “Robo de automotor”. Dos jóvenes muertos, dos jóvenes de Villa Lugano, dos jóvenes pobres. La policía implicada. Según las fuentes judiciales, un tiroteo que se produjo cuando Jonathan y Ezequiel intentaron robarle la camioneta casualmente a Daniel Santiago Veyga, un policía que estaba de civil perteneciente al DOUCAT, grupo policial especializado en espectáculos deportivos, al que Aníbal Fernández denominó en 2007 “los pacificadores” por ser los primeros en trabajar sin armas de fuego. La gente cambia, ¿no?

Un tiro en el cuello; un tiro en la frente; otro en la nuca. Dos para Ezequiel, uno para Jonathan. Los chicos no dispararon ni una sola bala. ¿Un tiroteo? ¿Y qué no se dio a conocer, pese a que de mostrarlo se hubiera ponderado la actuación de las efectivas fuerzas policiales? ¿Por qué lo ocultaron? ¿Un tiroteo en el que una bala ingresa por debajo de la pera y sale por la parte superior de la cabeza? ¿Un disparo evidentemente lanzado desde el piso, en un tiroteo de uno contra dos?

El 28 de septiembre el juez Cubas decidió cerrar la causa y sobreseer a Veyga, el mismo día que le entregaron a la familia el expediente de la causa, con la maliciosa intención de que se venzan los plazos para que no pueda presentarse como querellante. Acto seguido el juzgado trató de ocultarle la fecha límite para comparecerse ante la Justicia al abogado, a quien intentaron negarle el acceso a la causa. Finalmente se la otorgaron el mismo día que caducaban los tiempos. “Nos quisieron engatusar y no pudieron. Con posibilidad de hacerlo en las dos primeras horas del día siguiente, presentamos la querella y una apelación a lo resuelto por el juez. Sin embargo, para embarrar aún más la cancha, el juzgado nos denegó la querella y la apelación argumentando que se constituía con el sólo hecho de apelar. La cámara criminal correccional de apelaciones nos dio toda la razón y se reabrió la causa. El lunes 23 de noviembre presentamos todos los fundamentos para que se revoque el sobreseimiento de Veyga. Ahora hay que esperar esa resolución. Después voy a pedir la recusación del juez, por enemistad manifiesta del personal del juzgado con el letrado”, explicó Combi, también abogado de la causa por la desaparición de Luciano Arruga (ver nota “¿Y Luciano?”). El juez Cubas prometió que se expedirá en los próximos días por la rectificación o la ratificación del sobreseimiento de Veyga.

La causa se cerró, en un principio, con la declaración de Veyga pero por escrito, nunca delante del juez (con un documento que dice que él disparó en dos oportunidades, cuando a los chicos se le encontraron tres orificios de balas), sumada a la de los dos policías que llegaron luego de los homicidios, y el testimonio de un vecino que sólo oyó una discusión. Entre las declaraciones de los oficiales se encontraron contradicciones que no derivaron en un careo entre ambos. Con esto al juez le bastó para cerrar la causa y liberar a Veyga por haber matado en defensa propia. No citó al remisero que los vio por última vez, ni a nadie de la comisaría 52 por las amenazas previas, ni tampoco al primo de Jonathan, que presenció la última advertencia.

No se realizó una pericia sobre si los jóvenes efectivamente tuvieron en sus manos las armas que les imputan haber tenido. Sí se determinó que las armas no fueron disparadas por ninguno de los dos.

No se intentó buscar a más vecinos del barrio de Parque Chacabuco donde presuntamente se produjo el robo y los posteriores asesinatos –en el pasaje Zonda y Castañares.

“Cuando hay un pibe muerto de un barrio humilde y el imputado es un policía, con dos testigos se inventa una causa. Ahora, si es un pibe de barrio el que delinque, con dos testigos se lo condena a cadena perpetua. ¿Cómo es? Que me la expliquen porque no la entiendo”, se indigna Combi.

Y se dejó agonizar a ambos, en vez de llevarlos al Piñero de urgencia. Se realizó el peritaje de rutina, y recién después se los llevó al hospital.

Y se escribió el acta de defunción como NN.
Y se los dejó en la morgue judicial por dos meses.
Y a Jonathan se lo enterró en Chacarita sin identificación. “Estaba sin bolsa, todo doblado, tirado así nomás, en un cajón todo roto, como si no valiera nada mi hijo. Estoy seguro que tenía marcas de esposas en las manos”, dice Ángel, el papá de Jonathan, todavía perplejo por esa imagen que difícilmente se borre algún día.

Y dónde está esa remera blanca, juez. Y ese buzo a rayas, juez. Y esas zapatillas negras y ese pantalón de jean que vestía Jonathan. Nunca aparecieron. ¿Se las habrán apropiado? No sería la primera vez. Ni la última.

Y se le inventó una causa penal a Angélica, encima, para que el sufrimiento sea completo. Y se le pegó, se la maltrató física y mentalmente. “Resulta que la policía tenía detenidos a tres cuadras de mi casa a dos chicos y tres chicas, estas últimas amigas de mi hijo. Me acerco bien, a hablar con el jefe del operativo; me pega un empujón y me dice que no me meta. Entonces cuando arranca el patrullero yo me subo junto a los chicos, porque les estaban pegando. A las dos cuadras el que estaba manejando me dice ‘negra de mierda, ahora vas a ver cómo te bajo a patadas en el culo’. Me llevan a la calle Oliden, me bajan a los empujones y me empiezan a pegar. Ahí me gritan: ‘a tu hijo la mataron por chorro, por delincuente. Negra de mierda, negra hija de puta, te vamos a enseñar a no denunciar más a la policía’. Me acuerdo que luego me puso la mano en el cuello y sentí que el aire se me iba. Me esposaron y me llevaron a la comisaría 52. En el calabozo viene un pibe, me da el pésame y me dice que ellos no habían sido los que lo habían matado. Yo estaba con una nena de 14 años que tampoco podía estar ahí. A mi me duele porque yo también tengo hijos, me dijo”, cuenta Angélica.

¿Cómo explicar que pese a presentar la partida de nacimiento, el juez Facundo Cubas obligó a Angélica a hacerse un examen de ADN para demostrar que realmente era la madre de Jonathan?

Y no se acaba, y no termina. Una vez que la familia de Jonathan se enteró que su hijo estaba muerto desde hacía más de dos meses, y de que estaba enterrado en la Chacarita, quiso desenterrarlo para velarlo y llevarlo al cementerio de Flores. Sin embargo, Cubas le prohibió a la familia el derecho a velarlo, sin citar argumento alguno. Finalmente, desobedeciendo a la resolución del magistrado, se lo veló a cajón cerrado en el comedor de su casa de Lugano.



Otros dos desaparecidos
En la primera marcha en reclamo por la aparición de Jonathan y Ezequiel, en un corte en la Avenida Cruz, dos periodistas de una revista de Lugano se presentaron con la intención de hacer una nota sobre el tema. El fotógrafo de la dupla se acercó a dialogar con Angélica y le comentó sobre la entrevista, a la que ella aceptó con gusto. Ya viene mi compañero y empezamos, le dijo. Ante la tardanza de su colega fue a buscarlo y se encontró con que su compañero estaba hablando con la policía. Acto seguido, ambos periodistas se fueron de la manifestación. Ya no volvieron a hablar con Angélica, que todavía espera, con gusto, esa entrevista.


Un ángel que los unió
“Un pibe que se reía por todo, era buenísimo”, cuenta Ángel de su hijo. El fútbol era su vida, pero por vago no quiso jugarlo profesionalmente. “Jugó en Boca, en Argentinos Juniors y en el club Parque. En este último lo pasaban a buscar y lo traían de nuevo en taxi. Jugaba de 9, era un crack”. Fanático de Boca, Kiki o el Enano, como también le decían, muchas veces se escapaba y se iba a La Bombonera a ver al club de sus amores. La admiración por Martín Palermo llegó al punto de imitarlo con el flequillo amarillo que el Loco lució hace algunos años atrás “Cuando estuvo en el instituto San Martín, él quería salir del mundo del robo y las drogas, y hasta fue coordinador y colaborador en reinserción social de los chicos detenidos, en un viaje que hizo el instituto penal a Chapadmalal, a fines del año pasado. En el San Martín trabajaba un hombre que lo quería mucho a Kiki y que le ofreció ir a jugar a River, e incluso lo llevó al club donde habló con Enzo Francescoli. Pero él dijo que no, que él era de Boca y que no podía traicionar a sus colores”.

Angélica y Ángel, los papás de Jonathan, ya estaban mal entre ellos antes del 8 de julio en que vieron por última vez a su hijo. Un par de días después, decidieron separarse. Su hijo no aparecía por ningún lado. Y las averiguaciones en los distintos dispositivos las empezaron a hacer juntos, para no estar solos, para compartir el dolor, para que la angustia sea toda una. “Volvimos a estar juntos y lo mismo pasó con la familia. Nosotros tenemos 8 hijos [Jonathan es el segundo más chico], y entre ellos algunos estaban distanciados por boludeces. Esto les sirvió para unirse mucho más”, cuenta Ángel, que hoy acompaña a Angélica en su búsqueda de justicia en el caso de su hijo y de Ezequiel, pero también en muchísimos que suceden a diario en Lugano y en otros barrios. Hoy esa es la lucha de Angélica: “Mi hijo me enseñó que no hay que ir a las comisaría a denunciar, sino a las fiscalías. Hoy matan a los pibes como si nada; primero le pegan un tiro y después le preguntan cómo se llama. Si esto no es impunidad ¿Qué es? Todo porque vivimos en una villa. Yo pido nunca más, pero esto se vuelve a repetir y repetir”.

Misma historia que Luciano Arruga

[Rafiki]

Está genial esta nota, es muy seria, muy bien hecha. Y muy reveladora.
La verdad el trabajo que hacen es bárbaro che, Sirve un montón.

[Raba]

me parecio una nota excelente

no sabia de esta historia, me da asco lo que hace la cana y el poder judicial...y esto es solo 1 historia que trasciende, debe haber muchisimas mas como estas.